El dictamen que contempla recortes por más de 17 mil millones de pesos al Poder Judicial y a órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, para reasignarlos a sectores de Agricultura, Educación, Ciencia, Cultura, entre otros, fue aprobado con 355 votos a favor.
Redacción
Con 355 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026.
El dictamen aprobado establece un techo de gasto para el próximo año de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de aproximadamente 5.9 % respecto al ejercicio anterior.
En contra votaron 132 legisladores del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano. No hubo abstenciones.
La aprobación del presupuesto se dio tras una sesión maratónica que incluyó discusiones acaloradas y confrontaciones entre legisladores de la mayoría y de la oposición.
En la discusión, legisladores de partidos de oposición como el PRI, aludieron al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Entre los cambios del dictamen de presupuesto figura la reducción de 17 mil 788 millones 100 mil pesos al gasto del Poder Judicial de la Federación y de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De esta manera fue determinado que dichos recursos sean reasignados a sectores como Educación, Agricultura, Ciencia, Tecnología, Cultura, Trabajo, Medio Ambiente y Bienestar.
En contraparte, el proyecto incrementa el gasto programable en los ramos administrativos, estimando 2 billones 445 889,7 millones de pesos para estos, lo que representa un aumento de 8.9 % en términos reales frente al presupuesto aprobado de 2025.
El dictamen también prevé que el ramo de Bienestar concentre el 27.7 % del gasto programable, mientras que el de Educación Pública lo hará con 21.1 %, de acuerdo con el análisis oficial de la Secretaría de Hacienda.
El proceso legislativo se aceleró tras la presentación del Paquete Económico del ejercicio fiscal 2026 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la aprobación en comisiones del proyecto de la Ley de Ingresos y del PEF precedió el dictamen final.
La aprobación genera expectativas sobre la ejecución presupuestaria a partir del 1 de enero de 2026, aunque la publicación en el Diario Oficial de la Federación y las modificaciones finales aún marcan el paso para su plena vigencia. La plataforma de Transparencia Presupuestaria permite consultar la estructura programática aprobada.
Entre los cuestionamientos de la oposición se destaca la discrepancia entre el discurso de austeridad del gobierno y el aumento estimado en los salarios de los legisladores, así como la reducción de recursos en órganos que vigilan la democracia y los derechos humanos.
Según datos de Reuters, el Gobierno proyecta para 2025 un déficit presupuestario de cerca de 3.9 % del Producto Interno Bruto, lo que plantea desafíos para la disciplina financiera del próximo año.
En el contexto actual, la aprobación del PEF 2026 adquiere mayor relevancia por el desempeño económico moderado previsto (crecimiento entre 1.8 % y 2.8 %) y por la necesidad de financiar sectores clave sin recurrir a endeudamiento excesivo.
El PEF 2026 se enmarca en la estrategia federal de fortalecer la infraestructura social, cerrar brechas de desigualdad y atender áreas prioritarias como el bienestar, lo que se traduce en un perfil de gasto más orientado a programas sociales que a inversión productiva recurrente.
