El relato de Armando Rivera Castillejos, además de revelar que sus críticas por un caso de tortura, provocaron el enojo del entonces gobernador, Francisco Garrido Patrón, también exhibió el oscuro pasado de un asesor del actual gobernador panista, Mauricio Kuri González: “En la Procuraduría torturaron, al menos al que se les murió”.
Eric Pacheco
Querétaro, Qro.- El expresidente municipal de Querétaro, el expanista Armando Rivera Castillejos (2003-2006), narró que sus críticas por la muerte de un hombre en la Procuraduría de Querétaro molestaron al entonces gobernador, Francisco Garrido Patrón (2003-2009).
“Recordarán que se les ahogó un ciudadano en la Procuraduría y cuando me entrevistaron los medios, me dicen: ‘¿Cómo viste eso?’ y dije: ‘Es que yo no entiendo cómo se ahogan, si no hay albercas’, ¿no?, o sea y se enojó por mi comentario, pues es que es la realidad”, reveló en un video.
El señalamiento se enmarca en un periodo donde la Procuraduría General de Justicia de Querétaro fue encabezada por Juan Martín Granados Torres, actual asesor en seguridad del hoy gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
“En la Procuraduría torturaron, al menos al que se les murió”, soltó Armando Rivera Castillejos, no obstante, Juan Martín Granados Torres no fue removido del cargo y continuó hasta 2009 en su puesto.
¿Olvido o recompensa?
Dicho funcionario regresó en 2015 al servicio público con el gobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien lo designó secretario de Gobierno.
En dicho sexenio, el hermano de Juan Martín, Juan Marcos Granados Torres, fue secretario de Seguridad y el socio de ambos, Alejandro Echeverría Cornejo, fue nombrado procurador y posteriormente fiscal general del estado.
El actual gobernador, Mauricio Kuri González, mantuvo en el gobierno a Juan Martín Granados Torres con el puesto de “asesor en políticas públicas”.
Granados Torres no sólo sobrevivió a la frase ácida de Armando Rivera: “Es que yo no entiendo cómo se ahogan, si no hay albercas”, sino a la tragedia en el estadio Corregidora donde aseguraron que no hubo muertos.
Al inicio de la administración de Kuri, la esposa de Juan Martín Granados Torres, la magistrada Mariela Ponce Villa, era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.
El caso Arres
El expresidente municipal de Querétaro, Armando Rivera Castillejos, no precisó a cuál caso de tortura hacía referencia.
No obstante, en marzo de 2006, Genaro Arres Rascón, un empleado de una empresa de resguardo y traslado de valores que había sufrido un robo millonario, perdió la vida por asfixia en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro.
Medios de comunicación detallaron que la víctima se había ahogado en el baño de la Agencia del Ministerio Público número 5.
10 agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) –en ese momento dirigida por Alejandro Echeverría Cornejo– fueron arrestados, pero solo 2 fueron consignados.
La propia autoridad tuvo que reconocer que una de las líneas de investigación era la tortura.
“Sí… De hecho, esa es, insisto, una de las líneas de investigación que tiene en estos momentos el Ministerio Público y que, a más tardar mañana –hoy– tendrá que concluir para determinar en qué sentido se hace el ejercicio de la acción penal contra él o los responsables”, declaró Juan Martín Granados Torres el 24 de marzo de 2006.
La prensa de aquel entonces le dio cobertura al caso y reflejó las reacciones de distintas autoridades, entre ellas el gobernador y el alcalde de Querétaro, emanados del PAN, Francisco Garrido Patrón y Armando Rivera Castillejos.
Rivera Castillejos se pronunció en el sentido de que se investigara el caso Arres.
“Yo coincido con la declaración que escuché el día de ayer (23 de marzo de 2006) del señor gobernador, esto hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, y tenemos confianza en que van a hacerlo y que van a dar la cara y va a salir la verdad dentro de este lamentable hecho”.
Entre sus primeras reacciones, según consignó la prensa, el entonces alcalde panista aseguró tener mucha confianza en quien era el procurador, Juan Martín Granados Torres, y evitó responder al ser cuestionado sobre la destitución de dicho funcionario que formaba parte del gabinete del gobernador.
Críticas y rompimiento
Once días después, ante la ausencia de Granados Torres en la presentación del “Manual de Derechos Humanos y Seguridad Pública”, Rivera Castillejos fue más crítico:
“Es una lástima que otras instancias de gobierno no se sumen, no quieran entender que cuando los servidores públicos no dan respuesta efectiva a los reclamos de la sociedad, pierdan credibilidad y los gobernados desisten de actitudes responsables ante la pérdida de confianza en las autoridades, con el riesgo de que la violencia se convierta en más violencia, al hacerse justicia por su propia mano”.
Rivera Castillejos lamentó la ausencia de las autoridades estatales: “Vemos que el señor gobernador mandó un representante que ni siquiera es miembro de su gabinete, no vemos a los que deben marcar las líneas en el gobierno del estado, sobre la protección de los derechos humanos y es una lástima esta gran ausencia de este evento, empezando por el señor procurador que yo esperaba que estuviera aquí y no un representante que mandó”.
Y agregó: “No es posible vulnerar los derechos humanos en nombre del orden público, pues para ello existe la ley y que es su imperio el que debe regir a todos, sin excepción, particularmente a quienes, como los policías, se dedican a mantener la ley y la autoridad en los espacios públicos”.
El entonces secretario de Gobierno, José Alfredo Botello Montes –que actualmente es coordinador de asesores del mandatario Mauricio Kuri González— declaró a la prensa que no respondería a “exabruptos”.
“El gobierno del estado no va a dar ninguna declaración en torno a exabruptos del alcalde de Querétaro”.
Un día después, el gobernador Francisco Garrido Patrón negó un rompimiento con la administración municipal de Rivera, al señalar que la procuración de justicia no le competía al ámbito municipal: “No, porque no son funciones compartidas, o sea, la función de procuración de justicia es una funcion que les corresponde por Ley, exclusivamente al gobierno del estado. Lo demás son opiniones”.
La prensa reflejó el distanciamiento entre el gobierno estatal y municipal, pues en otro acto público, la inauguración de un distribuidor vial, encabezada por el alcalde Rivera Castillejos, no estuvo presente el titular del Poder Ejecutivo, Francisco Garrido Patrón.
Días después, en mayo de 2006, fue realizado un congreso nacional de derechos humanos en Querétaro, al que asistió quien era el representante de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, Amérigo Incalcaterra, quien condenó lo ocurrido con Genaro Arres Rascón y señaló:
“Es inadmisible que dentro de una entidad del estado que tiene que investigar el crimen, utilicen estos métodos de tortura para esclarecer cualquier tipo de crimen, eso es inaceptable”, consignó el medio Libertad.
El representante de la ONU agregó: “Hay que ver las instrucciones que reciben los funcionarios que tienen que investigar los crímenes, si les es permitido o no es permitido hacer el uso de la tortura, yo creo que no está permitido, pero qué pasa cuando el funcionario en forma lo hace ¿Lo hace en forma aislada o reciben instrucciones o reciben cobertura? Es una pregunta que queda en el aire”.
Este enero de 2026, el exalcalde recordó que el gobernador Garrido se enojó con él y confirmó el rompimiento.
“Yo les dije (a los medios): ‘Yo estoy a favor de los derechos humanos y estoy en contra de que torturen a la gente’, pero en aquella época en la Procuraduría torturaron, al menos al que se les murió, y es cuando dices: ‘Oye, ¿qué están haciendo?’, ¿no?, entonces ahí hubo un rompimiento con Garrido, después se recompuso”.
Libertad en Palabra difundió en su momento testimonios de víctimas de tortura de elementos de la Procuraduría de Juan Martín Granados Torres, y de la Policía Investigadora Ministerial de Alejandro Echeverría Cornejo, que usaban la técnica conocida como “la momia” para torturar a personas detenidas (lo cual puede verse en el siguiente enlace).
También reportó que la entonces Procuraduría General de Justicia de Querétaro era la dependencia más señalada por violación a derechos humanos con 131 quejas.
