Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) asegura que “Alimentación para el Bienestar” replicó los mismos patrones de adjudicación y uso de empresas “fachada” que provocaron el escándalo en Segalmex, por casi 2 mil millones de pesos.
La dependencia señalada emitió una respuesta.
Redacción
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad publicó un reportaje que documenta cómo cinco empresas —algunas creadas recientemente y con vínculos societarios— habrían recibido adjudicaciones vinculadas a compras y distribución de alimentos bajo el esquema que hoy opera “Alimentación para el Bienestar”.
Según la investigación, las compañías identificadas como FamilyDuck, Grupo Pelmu, Konkistolo, Abastemade y Todologos.com forman parte de redes empresariales que simulan competencia en las mismas licitaciones, aunque tengan los mismos socios, direcciones fantasma y uso de prestanombres.
MCCI calcula asignaciones por casi 2 mil millones de pesos relacionadas con estas empresas en un periodo que abarca la transición desde Segalmex y Diconsa hacia la nueva entidad.
El hallazgo de MCCI enfatiza que muchas de esas adjudicaciones mantuvieron patrones ya observados por auditorías en el escándalo de Segalmex: adjudicaciones sin competencia real, contratos con proveedores opacos y pagos que no siempre pudieron justificarse con entregas verificables.
Por su parte, “Alimentación para el Bienestar” publicó un boletín en el que calificó como “falsos” algunos señalamientos del reportaje —particularmente la idea de que Konkistolo, Abastemade y Todologos.com hubieran recibido 2 mil millones— y aclaró que, de las empresas mencionadas, los contratos vigentes son con Grupo Pelmu y FamilyDuck.
El comunicado difundido el 26 de agosto, menciona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató transferencias de Grupo Pelmu a accionistas de otras empresas; sin embargo, “no emitió preventiva, restricción de contratación ni observación que impida establecer relaciones comerciales con dichas empresas, aunado a que al día de hoy no se encuentra sancionada”.
“Alimentación para el Bienestar” también aclaró que los contratos vigentes, realizados conforme a la normativa interna, se han llevado a cabo con Grupo Pelmu, el cual ha realizado entregas de productos en situaciones de emergencia, como el apoyo brindado al estado de Oaxaca tras el paso del huracán Erick.
Asimismo, existe un contrato vigente con FamilyDuck, que lleva a cabo surtimientos para casas y comedores de niñas, niños y estudiantes indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Por este motivo, “Alimentación para el Bienestar” afirmó que la ASF “no detectó irregularidades” en ciertos procedimientos y pidió revisar expedientes antes de atribuir faltas.
Cabe recordar que el antecedente institucional de “Alimentación para el Bienestar” fue Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual se creó en 2019, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Nació de la fusión de Liconsa y Diconsa, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos a precios bajos, sobre todo en zonas marginadas.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos de fiscalización detectaron anomalías por más de 15 mil millones de pesos durante sus primeros años de operación, lo que generó investigaciones, detenciones y una crisis institucional.
Algunas de estas anomalías consistieron en contratos con empresas “fantasma” o sin experiencia, pagos por adelantado sin entregas comprobadas, compra de granos y leche a sobreprecio e inversiones financieras irregulares por miles de millones de pesos.
La creación de “Alimentación para el Bienestar” se planteó como una reorganización para corregir las fallas de Segalmex y Diconsa. La Presidencia anunció la fusión con el argumento de profesionalizar compras y asegurar abasto a bajo costo.
Sin embargo, la investigación de MCCI y la reacción oficial muestran que la reforma administrativa por sí sola no ha garantizado la transparencia ni ha eliminado redes opacas.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas han pedido intervención de órganos fiscalizadores: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera son las instancias llamadas a contrastar el expediente periodístico con la documentación oficial y, de confirmarse irregularidades, abrir investigaciones administrativas y penales.
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