Albania presentó a “Diella”, una asistente virtual convertida en ministra “no presencial” para supervisar las contrataciones públicas, con el objetivo declarado de reducir la corrupción en licitaciones.
La medida, inédita, combina innovación digital y ambición política, pero genera preguntas legales, técnicas y de responsabilidad sobre cómo un sistema automatizado asumirá funciones de Estado.
Redacción
El primer ministro de Albania, Edi Rama, presentó formalmente el avatar de la primera ministra virtual, que será la responsable de la gestión y adjudicación de contratos públicos para hacer ese proceso “100 % libre de corrupción”.
El anuncio tuvo lugar el 11 de septiembre en Tirana (Albania), en el contexto de la formación del nuevo gobierno, cuando el primer ministro explicó que “Diella” (Sol) —una mujer con traje tradicional albanés— no es un robot físico sino un sistema de inteligencia artificial que ya funcionaba como asistente virtual en la plataforma “e-Albania” desde principios de 2025.
Según el Gobierno, la IA fue desarrollada por la agencia estatal AKSHI, con apoyo de socios tecnológicos, y ya ha gestionado decenas de miles de trámites digitales, por lo que ahora pasará a un rol ampliado en contratación pública.
El nombramiento aparece respaldado por un decreto presidencial que atribuye a la primera ministra virtual la responsabilidad de validar, controlar y automatizar criterios de evaluación de ofertas.
El argumento gubernamental es que un algoritmo suficientemente transparente y auditable puede eliminar la discrecionalidad humana, sobornos y favoritismos en las adjudicaciones. El primer ministro defendió la idea como una “herramienta para blindar procesos”.
La decisión se inscribe en la agenda del Ejecutivo para modernizar el Estado y acelerar la adhesión de Albania a la Unión Europea (UE) mediante mayor transparencia en el gasto público.
La reacción política fue inmediata y dividida. El partido opositor tildó el gesto de teatral y anticonstitucional, y varios juristas expresaron dudas sobre la validez legal de que una entidad no humana asuma una función ministerial que tradicionalmente implica responsabilidad política y rendición de cuentas ante el Parlamento, ya que una IA no puede asistir a sesiones, asumir responsabilidad penal o ser removida por voto político en los mismos términos.
Desde el punto de vista técnico y de gobernanza, surgen preguntas clave: ¿qué grado de autonomía tendrá “Diella” frente a supervisión humana?, ¿qué datos y criterios empleará para evaluar ofertas?, ¿cómo se auditará su comportamiento para evitar sesgos inadvertidos o manipulaciones de la entrada de datos?
Las explicaciones oficiales apuntan a que “Diella” actuará con supervisión ministerial y legal humana, pero los detalles de esa cadena de mando aún no se han publicado en forma completa, por lo que especialistas en IA advierten la importancia de que el código sea abierto, que haya transparencia en los registros de decisión y controles humanos.
Por su parte, periodistas y ONGs ya están solicitando acceso a documentación técnica, contratos con proveedores tecnológicos y protocolos de rendición de cuentas para evaluar riesgos de seguridad, privacidad y captura algorítmica.
En el plano internacional, la iniciativa de Tirana ha provocado interés y también cautela. Algunos gobiernos ven la medida como una oportunidad de innovación administrativa; otros alertan sobre precedentes peligrosos si no se establecen salvaguardas que garanticen derechos de licitantes, principios de igualdad de trato y la posibilidad de impugnar decisiones automatizadas ante tribunales.
Instituciones y organismos anticorrupción europeos han subrayado la necesidad de que cualquier uso de IA en contratación cumpla normas de transparencia y no obstaculice acceso al recurso judicial, y advirtieron que seguirán el experimento por su potencial impacto en el cumplimiento de estándares de la UE.
Los expertos señalan que la eficacia de una IA contra la corrupción depende no solo del algoritmo, sino del contexto institucional: sistemas opacos, redes de poder o presión política pueden influir en los datos de entrada o en las reglas que el algoritmo debe seguir. En ese sentido, la IA puede ayudar pero no sustituir a reformas estructurales como controles independientes, fiscalización ciudadana y capacidades judiciales efectivas.
