La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, negó la acusación de la Fiscalía del Edomex, que la señala por presuntamente simular su propio secuestro para ocultar un faltante de 40 millones de pesos. La edil acusa que detrás del caso hay subalternos que operan bajo órdenes de la Secretaría General de Gobierno mexiquense y asegura que su administración está limpia.
La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, negó “contundentemente” la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) respecto a que participó en la simulación de su propio secuestro para cubrir un desfalco que existe en el municipio.
Afirmó que “detrás de estas acciones existe un propósito político” para desacreditarla y aseguró que tiene pruebas de que “estarían detrás de esto subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno” del Estado de México.
Esto luego de que la FGJEM informara sobre la detención de tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian/Christian “N”, cuyo vehículo marca Volkswagen tipo Virtus, color rojo, la autoridad localizó gracias a las videograbaciones de una cámara ubicada en el lugar donde ocurrió el supuesto secuestro de la alcaldesa, el pasado 31 de mayo.
“Del análisis videográfico efectuado no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la femenina”.
La autoridad ministerial dio a conocer que Karla Valeria habría participado en los hechos junto con su hermano Víctor Manuel y su pareja sentimental, Christian, y huyeron al estado de Oaxaca, donde fueron capturados gracias a la colaboración de la Fiscalía de aquel estado.
La FGJEM expuso que también solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de la presidenta municipal y una orden de captura para su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”, por “la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro”, por el que podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión.
La acusación del ministerio público se sustenta en una “entrevista” en la que “uno de los partícipes refiere que ‘todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero’”.
La Fiscalía reiteró que “en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N. N. P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración”.
Detalló que “para llevar a cabo el ‘falso secuestro’”, Oscar contactó a Cristian para ofrecerle que José Roberto le pagaría 500 mil pesos si lo llevaba a cabo.
El Ministerio Público señaló que, a pesar de que José Roberto negó tener cualquier tipo de comunicación con Oscar, la investigación arrojó que existen 49 registros de llamadas entre ellos en el periodo del 7 de abril al 4 de junio, y que Oscar y Cristian tuvieron comunicación mediante 136 llamadas desde el mes de abril a junio.
Su investigación también arrojó que, “en grado de probabilidad”, la alcaldesa “indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia” y se comunicó con su hermana para decirle que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”.
“Acto seguido, se dirigió a sus acompañantes y les expresó ‘todo se salió de control’”, en referencia a que durante el trayecto “advirtieron el paso de diversas unidades policiales con sirenas activadas, ante lo cual la referida manifestó que dicho despliegue probablemente obedecía a que alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad”.
Según la Fiscalía, la edil “les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores”.
Al lugar llegó su esposo, José Roberto, con el director de Seguridad Pública Municipal, y se trasladaron a su domicilio, mientras que Karla Valeria, Víctor Manuel y Christian huyeron de la entidad.
Según su comunicado, la FGJEM informó de la presunta afectación al erario de 40 millones de pesos a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), y aclaró que “a los investigados se les debe considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario”.
Nancy Nápoles pidió la intervención del propio fiscal general para que investiguen al personal de la FGJEM, por la forma en que manejaron la información “manipulándola con narrativas facciosas y mentiras argumentando hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad que, a cambio de una reducción de sentencia, dirá lo que otros quieren que diga”.
Asimismo, le exigió que “se conduzca con estricto apego a derecho y respete el debido proceso que la ley los obliga” y que procedan en su investigación “sin pretender crear chivos expiatorios ni crear falsos culpables”.
También solicitó que el Órgano Superior de Fiscalización “se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano”.
Aseveró que ella es “una mujer íntegra” y no tiene nada que esconder, por lo que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la gente conozca la verdad.
“Condeno cualquier acto de injusticia y corrupción, y que se utilice a las instituciones y a quienes laboran en ellas para lograr un objetivo político. Les digo a los ciudadanos tenancinguenses que aquí estoy, con la frente en alto, y que seguiré trabajando como siempre lo he hecho porque no tengo nada que esconder, que he llevado la administración del erario público de una manera honesta y transparente”.
