El dictamen fue ratificado, en lo particular, con 343 votos a favor, es decir con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y fue turnado a los congresos locales.
La Cámara de Diputados de México aprobó la iniciativa conocida como “Plan B”, que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de disminuir privilegios en los congresos y ayuntamientos del país, así como para reforzar el tema de la austeridad republicana.
El dictamen de reforma constitucional fue ratificado en lo particular con 343 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.
“Es mayoría calificada”, dijo la secretaria de la Mesa Directiva en la sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves 09 de abril.
El “Plan B” aprobado reforma tres artículos de la Constitución, el 115, el 116 y el 134.
En lo que tiene que ver con el 115, relativo a los municipios, el cambio establece que los ayuntamientos del país deben estar integrados por una persona presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, “de conformidad con los principios de paridad de género”.
La mandataria mexicana había cuestionado que hay ayuntamientos en el país conformados por casi 30 personas regidoras y que inclusive, en algunos casos, perciben más ingresos que ella.
“Hay municipios que tienen 3 síndicos, que son los tesoreros, digamos, (…) formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para no sé qué y el apoyo para no sé cuánto y el apoyo para no sé cuánto y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales”.
En cuanto al artículo 116, la reforma fija un tope presupuestal a los 32 congresos del país, que no debe exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
La presidenta exhibió casos como el del Congreso de Baja California, con 25 integrantes y un presupuesto de más de 871 millones de pesos –lo que daba como resultado un “costo por legislador” de 34 millones 867 mil 503.28 pesos, el más alto del país–, aunque acotó que ese monto tenía que ver con todos los gastos legislativos, no exclusivamente de cada persona diputada.
Con la reforma, el presupuesto del Congreso de Baja California deberá ajustarse a unos 644 millones de pesos, casi 227 millones de pesos menos.
El Congreso de Querétaro que fue ubicado en el lugar 10 de 32 por su “costo por legislador” –según la información que mostró la mandataria en su conferencia mañanera del pasado 12 de marzo–, tiene asignado un presupuesto para este 2026, de 433 millones 682 mil 832 pesos.
Con la reforma, en lugar de bajar podría aumentar su presupuesto a unos 452 millones de pesos, 19 millones de pesos más.
Sheinbaum dijo que la intención es que los recursos que se obtengan, según su estimación, unos 4 mil millones de pesos, se destinarán para atender necesidades de servicios básicos en los estados y municipios.
Hay congresos estatales, como el de Michoacán, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México que tienen presupuestos por encima de los mil millones de pesos.
Pese a que en la Constitución ya existe un artículo que ordena que ninguna persona servidora pública puede ganar más que la persona que ocupe la Presidencia de la República, la reforma al artículo 134 reafirma dicha normativa.
En este caso está dirigido a las personas funcionarias electorales (consejeras, magistradas, así como titulares de las secretarías de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas).
Además les prohíbe “adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Una vez aprobado, el dictamen fue turnado a los congresos locales.
