Doña Carlota, la mujer de 74 años conocida en redes como la “abuelita vengadora” por disparar contra los invasores de la casa de su hija en Chalco, enfrentará su proceso por homicidio desde su domicilio.
Un juez federal le concedió el arresto domiciliario tras considerar su edad y salud. Recordemos que la familia decidió actuar por su cuenta luego de que las autoridades no resolvieran el despojo.
Jessica Alcázar Zaragoza
Doña Carlota, la mujer septuagenaria que el 1 de abril de 2025 asesinó a dos integrantes de una familia que invadieron un inmueble propiedad de su hija en el municipio de Chalco, Estado de México, enfrentará su proceso judicial bajo prisión domiciliaria gracias a un amparo concedido por un juez federal.
La medida se dictó luego de que su defensa solicitara un amparo ante la negativa de los jueces estatales a tomar en cuenta la avanzada edad y a las enfermedades crónicas que padece la imputada.
Carlota ‘N’, de 74 años, enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio calificado en contra de Esaú ‘N’, quien falleció en el lugar, y de Justin ‘N’, fallecido en el hospital mientras era atendido. En el lugar también resultó herido de bala un menor de edad.
El delito de doña Carlota fue captado en un video que se hizo viral, en el que se puede ver cómo ‘la abuelita vengadora’ llega armada a la propiedad acompañada de su hija e hijo, quien también iba armado, y comienzan a disparar contra los ocupantes.
Cabe mencionar que el despojo había sido denunciado días antes, el 27 de marzo, pero las autoridades no encontraron a nadie cuando acudieron a la vivienda ha realizar una inspección, por lo que doña Carlota y sus hijos decidieron actuar por su cuenta.
Tras estos hechos, fueron detenidos Víctor Eladio ‘N’ y Lourdes Yohana ‘N’ por el delito de despojo, quienes supuestamente forman parte de una organización social denominada ‘Sindicato 22 de Octubre’, cuyos integrantes son investigados por invadir otros predios.
El juez sexto de distrito determinó el arraigo domiciliario de doña Carlota, quien además tendrá que pagar una fianza por 250 mil pesos, portar un brazalete electrónico y tiene prohibido acercarse a las víctimas o salir del país.
