Medios de comunicación locales y nacionales exhiben investigaciones de la FGR que revelan nuevos entramados de altos mandos militares de la Marina y del Ejército y autoridades federales, estatales y municipales, así como empresas privadas relacionadas con el huachicol fiscal.
Jessica Alcázar Zaragoza
Medios de comunicación reportan que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a varios mandos militares tanto del Ejército como de la Marina, que forman parte de una red de huachicol fiscal que opera desde hace años en las aduanas de Coahuila y Chihuahua.
De acuerdo información corroborada por Radio Chihuahua, el Semanario ZETA y Aristegui Noticias, uno de los militares investigados es el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, quien fue nombrado como administrador de la Aduana de Ciudad Juárez en mayo de 2025 y separado del cargo el 1 de noviembre tras el decomiso de al menos nueve pipas de la marca Windstar cargadas con combustible ilegal.
Las pipas fueron interceptadas en un operativo implementado por la FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la salida de la Aduana de Ciudad Juárez, ante las sospechas de corrupción de López Pérez, cuya autoridad ya había sido limitada restringiendo su función para asignar turnos y roles dentro de la aduana que administraba.
Mediante oficio del 30 de julio, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, otorgó al subdirector de Operación Aduanera, Rafael Buenrostro Martín esta facultad tras sospecharse que López Pérez estaba relacionado con el contrabandista René Díaz Ramos, alias “La Rana” o “El Fayuquero”.
Las evidencias del entramado son una serie de registros de las rutas mediante dispositivos de GPS colocados a varias pipas de las empresas Windstar, Mefra Fletes, Transportadora Aton, Autolíneas Roca, Carvel, Transportes Rápidos Regionales, CZ Fuels, entre otras, con lo cual se pudo identificar varios patios clandestinos para el trasvase de combustible y estaciones de servicio en donde se distribuye.
Las rutas parten desde El Paso, Texas, hacia estados como Chihuahua, Coahuila, Baja California Norte y Sur, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz, donde se ubican terrenos con tanques y sistemas de bombeo improvisados que violan las normas de seguridad que deben cumplirse en instalaciones de almacenamiento de combustibles (NOM-006-ASEA-2017) y no cuentan con registros oficiales en materia energética o de medio ambiente que avalen su funcionamiento.
La empresa Windstar, junto con Super Gasolineras de la Frontera, son, de acuerdo con Dossier Político, propiedad de Marco Zaragoza Fuentes y Miguel Zaragoza Fuentes, quienes operan al menos otras dos marcas de expendio de gasolina, como son Phillips 66 y Estación 76, que también se nombran como puntos de llegada del combustible ilegal.
Estas empresas que forman parte del conglomerado Grupo Zeta Gas, surgieron con la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque el nacimiento del conglomerado se consolidó como uno de los imperios más grandes de gas del continente desde el gobierno de Felipe Calderón, en el que fueron favorecidas con contratos de Pemex otorgados por Juan Camilo Mouriño, cuando este era diputado federal y presidente de la Comisión de Energía.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía (Sener), desde 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tenían documentadas denuncias en contra de Windstar por utilizar documentación falsa para declarar la importación de gasolina y diésel como aceites, lubricantes o aditivos, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por exceder la cantidad autorizada de importación.
Como consecuencia, en julio de 2021, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suspendieron el permiso de almacenamiento de combustibles de la empresa Petrolíferos Windstar de Sonora. A pesar de ello, en un comunicado de febrero de 2023, la Profeco promociona a Windstar como una de las marcas que presentaron los precios más bajos de gasolina y diésel en el país.
MEFRA Fletes, S. A. de C. V., otra de las empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos mediante autotanques y doble semirremolque que se mencionan en las investigaciones, fue constituida a través de prestanombres, como Brenda Gabriela Salas Ramírez y Gustavo de Jesús Guillen Chávez, con domicilios en Jalisco que no cuentan con recursos para fundar una empresa de esta naturaleza.
En marzo de 2019 ambos supuestamente transmitieron sus acciones a los actuales dueños, José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Roberto Blanco Cantú (conocido como “El Señor de los Buques”), quienes hoy tienen órdenes de aprehensión en su contra.
Este es uno más de los casos documentados de tráfico ilegal de combustibles, armas, drogas y otras mercancías en el que han participado distintas empresas transportistas y distribuidoras, así como funcionarios federales, estatales y municipales.
La corrupción en las aduanas es bien sabida desde los años 90, por lo que la Ley Aduanera de 1999 buscó modernizar el sistema, pero la corrupción y el contrabando persistió. En 2019, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se intensificó el discurso anticorrupción de las aduanas y se propusieron 1 568 modificaciones a la Ley para reducir la discrecionalidad y agilizar procesos, aunque muchas no prosperaron.
Además, se implementó la militarización de las aduanas con la promesa de que los nombramientos de altos mandos militares como encargados de estas acabarían por fin con la corrupción; sin embargo, investigaciones judiciales y periodísticas siguen demostrando que muchos –como es el caso de Octavio Othón López Pérez o Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna– también han sido absorbidos por esta (Ver nota aparte: Detienen a 14, entre marinos, empresarios y exfuncionarios, tras decomiso récord).
