“Días negros” para Salinas Pliego: SCJN le ordena pagar $48 mil millones y le suspenden sus casinos

Por unanimidad, la Corte desechó la revisión de los amparos que el Grupo Salinas había interpuesto para retrasar el pago de los créditos fiscales que tenía pendientes con el fisco desde 2008.
En un comunicado, el grupo empresarial relacionado con el magnate Ricardo Salinas Pliego, señaló que hoy era un “día negro para la justicia” y calificó que la decisión de la SCJN fue hecha “por consigna y mandato”.
México: Días negros para Salinas Pliego, SCJN le ordena pagar $48 mil millones y le suspenden sus casinos
El empresario difundió esta fotografía un día antes de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras autoridades fiscales, para desechar los amparos presentados por Grupo Elektra y TV Azteca, respecto a siete créditos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 al 2024 por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), que ascienden a más de 48 mil 300 millones de pesos.

El Pleno consideró que los amparos 6321/2024 y 4654/2024 no debieron admitirse en la SCJN porque carecen de “excepcionalidad”, debido a que ya existen precedentes de este máximo tribunal que resuelven las controversias constitucionales planteadas por la empresa, por lo que los recursos serán devueltos a los tribunales colegiados de origen para que ordenen el pago de los impuestos, con sus respectivas actualizaciones y multas, a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El pasado 17 de octubre Ricardo Salinas Pliego solicitó al SAT un ajuste para determinar los créditos fiscales que tienen las empresas del Grupo Salinas, los cuales iban a pagar en 10 días, según dijo el magnate en su fiesta de cumpleaños.

Por esa razón, pidió al ministro presidente Hugo Aguilar suspender cualquier fallo hasta que el SAT resolviera, lo cual también le fue negado.

Asimismo, el 27 de octubre la Corte rechazó dos solicitudes presentadas por el Grupo Elektra con el fin de que sus nueve personas ministras se declararan impedidas para resolver de manera definitiva sobre los amparos en revisión que promovió, lo que provocó que el máximo tribunal le impusiera una multa por considerar estos recursos como tácticas dilatorias para evadir su obligación (Ver nota aparte: SCJN multa a empresa de Ricardo Salinas Pliego).

En respuesta a la decisión del Pleno, Grupo Salinas publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que señaló que hoy era un “día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México” y calificó que la decisión del máximo tribunal del país fue hecha “por consigna y mandato” del gobierno federal.

En el primer párrafo de su comunicado, el grupo empresarial acusó que las y los ministros “asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país”.

“Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra, y desecharon el litigio público mas relevante de la historia reciente del país (…) Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego”, se lee en el comunicado.

Además, el grupo empresarial advirtió que acudirá a otras vías, “incluso en el ámbito internacional” para exigir la eliminación de “cobros dobles inconstitucionales y multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación”.

En el documento, Grupo Salinas también asegura que no ha recibido respuesta por parte del SAT sobre sus solicitudes para que cuantifiquen sus créditos fiscales sin cobros dobles e ilegales: “Su silencio administrativo y dilación de nuestros procesos solo confirma la consigna y motivación política por parte del gobierno federal”.

Por último, Grupo Salinas aseguró que siempre ha estado dispuesto a pagar lo que es justo y correcto, “pero no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales (…) No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.

Aunado a esto, antier, 11 de noviembre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, anunció la suspensión de operaciones de trece casinos, dos de ellos propiedad de Salinas Pliego, bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según la autoridad federal, fueron detectados “movimientos irregulares” vinculados a operaciones en efectivo y transferencias a países como EE. UU., Rumania, Albania, Malta y Panamá.

La información oficial indica que los casinos implicados utilizaban plataformas digitales no supervisadas mediante las cuales se permitía el ocultamiento y reinserción de recursos de procedencia ilícita a los sistemas financieros nacionales e internacionales.

La UIF encontró que estos casinos utilizaron intermediarios con perfiles económicos que no coincidían con los montos registrados, como amas de casa, estudiantes, desempleados o pensionados, quienes transferían los fondos a cambio de una comisión, por lo que anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal, y que notificará a la Procuraduría Fiscal para su seguimiento.

Grupo Salinas denunció nuevamente el acoso por parte del gobierno federal para distraer la atención pública y aclaró que tanto Ganador Azteca S.A.P.I. de C. V., como Operadora Ganador TV Azteca, S. A. P. I. de C. V., ambas subsidiarias de TV Azteca, “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector” y que están preparados para demostrarlo ante cualquier instancia competente.

“Está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer la opinión pública de los verdaderos problemas del país”.

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