La Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso una multa a Grupo Elektra, por intentar entorpecer dos juicios fiscales que suman más de 34,000 millones de pesos.
Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una multa a Grupo Elektra, vinculada con el magnate Ricardo Salinas Pliego.
La multa fue notificada hace unos días y derivó del rechazo por parte de la SCJN de recursos promovidos por Grupo Elektra para que nueve ministros y ministras se declararan impedidos para conocer dos amparos, lo cual, según los magistrados, pretendía dilatar los procedimientos en su contra.
Los créditos fiscales en cuestión son por aproximadamente 33,306 millones de pesos en un caso, y 1,431 millones en otro, ambos por impuestos, recargos y actualizaciones.
El monto exacto de la sanción no fue revelado públicamente, aunque los medios destacan que se trata de una medida simbólica al envío de un “billete de depósito a la Tesorería de la Federación” para hacer efectiva la multa impuesta.
Este episodio ocurre en un contexto amplio de litigios fiscales de Salinas Pliego, quien según registros del gobierno federal tiene créditos fiscales por decenas de miles de millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En paralelo, durante su celebración de cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México, Salinas Pliego dirigió un mensaje público donde declaró: “Estamos cansados de tanto litigio” y “quiero darle la vuelta a la página”.
El magnate también aseguró estar dispuesto a pagar su adeudo con el SAT en un plazo no mayor de 10 días, lo que se interpretó como un cambio de tono respecto a su habitual confrontación legal-mediática.
Más tarde, en sus redes sociales publicó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que refiere a un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediante el entonces Procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina, en el se establecía que las pérdidas fiscales no eran deducibles y que los expedientes completos de sus casos serían turnados a un ministro de la Suprema Corte.
En el acuerdo, que según el magnate tuvo el consentimiento tanto de Arturo Medina como de Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, el Grupo Salinas reconoció un adeudo por 7 mil 600 millones de pesos, lo resultó en un primer pago de un crédito fiscal de 2006 por un monto de 2 mil 700 millones de pesos.
Sin embargo, Salinas acusó que los funcionarios del SAT “mañosamente y dolosamente” enviaron solo el expediente de 2013 y mantuvieron abiertos los relacionados a los adeudos de 2008 al 2012, lo que calificó como una “maniobra perversa”.
En dicha carta Salinas Pliego advierte sobre la solicitud de impedimento contra un grupo de ministros de la Corte, “estoy seguro que usted entiende que no hay manera de tener un juicio objetivo e imparcial con juzgadores que incluso se han manifestado pública y abiertamente en contra nuestra”, señaló.
Asimismo, el multimillonario anunció que se quejaría ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los créditos fiscales que le pretende cobrarle el SAT.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la única opción es que pague, sin necesidad de una mesa de diálogo ni un acuerdo en “lo oscurito” y afirmó que el adeudo se remonta a 2008, cuando gobernaba Calderón, por lo que “si hubieran querido pagar pues hubieran pagado desde hace tiempo”.
Por su parte, Arturo Medina, hoy subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, acudió a la conferencia matutina donde afirmó que el acuerdo y reunión que menciona Salinas Pliego son “falsos”.
El crédito más relevante que se litiga es el originado en 2013 por 33,306 millones de pesos, expediente del amparo directo en revisión 6321/2024, así como otro de 2008 por 1,431 millones, expediente 5654/2024. Este conjunto de créditos y litigios dentro del grupo de Salinas Pliego suma más de 74,000 millones de pesos, según estimaciones del gobierno federal.
La declaración de “querer pagar” en el evento de cumpleaños aparece como parte de un intento de reposicionar públicamente al magnate, pero analistas señalan que se produce cuando la vía judicial avanza en contra de sus intereses y la imagen mediática se vuelve más visible, lo que podría interpretarse como una estrategia para reducir la presión pública antes de que los fallos se concreten.
La multa impuesta por la SCJN en contra de dilaciones judiciales de una empresa vinculada a uno de los empresarios más visibles del país ha sido considerada como un precedente para otros grandes litigios fiscales, lo que marca un momento de tensión y posible reconfiguración en la relación entre grandes corporativos, el fisco y el poder político en México.
