La comunicadora relató que los hechos habían sucedido tras la publicación de una presunta red de espionaje en el estado, donde gobierna Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Ecologista de México.
Redacción
La periodista Anahí Torres, de San Luis Potosí, denunció haber recibido amenazas de sujetos armados.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la periodista relató que el pasado 2 de octubre, cuatro sujetos con armas largas la habían interceptado afuera de su oficina y que la amenazaron.
Torres acusó que los sujetos se refirieron a otros colegas.
“Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia dos periodistas más, uno de ellos, Omar Niño; otro, Carlos Domínguez”.
Según la comunicadora, los hechos sucedieron tras la publicación de una presunta red de espionaje en el estado, donde gobierna Ricardo Gallardo Cardona, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Este ataque ocurrió tras la publicación de notas periodísticas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, mismas que por su alcance en las redes sociales y su contenido, incomodaron visiblemente al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez”.
En la conferencia mañanera del 06 de octubre, la periodista precisó que su caso no era el único.
“Presidenta, mi caso no es un caso aislado, en San Luis Potosí, periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación e inseguridad, donde cuestionar pues se ha vuelto totalmente un riesgo”.
Y lanzó esta pregunta a la mandataria: “¿Podría su gobierno revisar directamente la actuación del gobierno de San Luis Potosí y del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas en San Luis Potosí?”.
La presidenta Sheinbaum Pardo respondió que sí, se comprometió a atender los casos y a ofrecer protección, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla.
“Que Arturo Medina pueda atenderte y poder revisar todos estos casos, tanto para apoyo de protección, como para una revisión en caso de que se esté dando esta situación”.
Apenas en junio de este año, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró su “respaldo incondicional” a la libertad de expresión y a la labor de los periodistas durante la ceremonia de entrega del premio estatal de periodismo 2025, y afirmó que el trabajo periodístico “no solo fortalece a la democracia, sino que alimenta la conciencia ciudadana y construye un presenta más justo y participativo”. Además, ofreció su apoyo sin límites para que los periodistas ejerzan su oficio con seguridad, libertad y dignidad.
Sin embargo, medios de comunicación han documentado el largo historial de confrontaciones que Gallardo Cardona ha tenido con periodistas críticos, a quienes ha amenazado diciendo que “el que se lleva se aguanta” y contra quienes ha interpuesto denuncias penales.
Periodistas y organizaciones como Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), Educación y Ciudadanía, A. C. y la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, han rechazado en años anteriores los discursos estigmatizantes emitidos por Ricardo Gallardo Cardona, a través de los cuales se acusa a la prensa de “atacar” a su administración y refiere que a él “le gusta ver sangre”.
Por su parte, el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, reconoció —durante una comparecencia frente al Congreso del Estado en 2023— que el Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había atendido a 23 periodistas y 17 personas defensoras de derechos humanos. Esto, luego de que se hiciera público el ataque cibernético a varios portales de medios de comunicación potosinos.
En redes sociales, usuarios y organizaciones civiles expresaron apoyo a los periodistas afectados, destacando la importancia de una prensa libre y crítica. Varias redacciones locales firmaron un pronunciamiento conjunto en el que exigieron al gobierno estatal detener la violencia y las agresiones sistemáticas contra quienes ejercen el derecho a informar.
Según el informe de Artículo 19, Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y acceso a la información, San Luis Potosí registró 27 agresiones contra la prensa en 2024, lo que lo colocó como el estado séptimo con más casos en ese año.
De acuerdo con información recabada por Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 160 asesinatos de comunicadores documentados desde el año 2000.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, informó que mantiene comunicación con algunos de los afectados y evalúa medidas de protección. Sin embargo, periodistas han señalado que la respuesta institucional ha sido lenta y que las agresiones persisten.
Prueba de ello es el Índice de Libertad de Prensa 2024, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, que muestra que México ocupa el lugar 121 de 180 países evaluados, con un retroceso respecto al año anterior. El organismo destacó que en muchos casos las agresiones provienen de actores vinculados al poder político.
Organismos internacionales han reiterado que la protección de periodistas es una obligación del Estado, no una concesión; por lo que la comunidad periodística exige garantías, justicia y un alto a los ataques desde el poder, en un país donde informar sigue siendo una profesión de alto riesgo.
