Ruslán Aranda Hernández, colaborador del área de Comunicación Social de la Presidencia de México, fue suspendido tras agredir físicamente al periodista Sergio Ocampo Arista, al término de un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chilpancingo, Guerrero.
Redacción
La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República informó de la suspensión de Ruslán Aranda Hernández, luego de que fuera identificado como el funcionario que golpeó al periodista Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada y director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, al cierre del informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Chilpancingo, capital de esa entidad.
El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas cuando, al concluir el evento, reporteros intentaban salir del cerco metálico —la zona asignada para los medios—, lo que generó jaloneos.
En el video se observa que Aranda Hernández le dio al menos dos manotazos al rostro de Ocampo Arista, y posteriormente le lanzó una silla metálica que le golpeó el pómulo derecho.
La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República emitió un comunicado oficial en el que reconoce los hechos y señala: “La persona involucrada en estos hechos ha sido suspendida en tanto se completan las investigaciones de lo ocurrido y se tomarán las medidas necesarias en consecuencia”.
En ese mismo comunicado, se da cuenta de que tras conocerse lo ocurrido, la Coordinación General de Comunicación Social le ofreció una disculpa al periodista afectado y aseguró su compromiso con el “respeto a las y los integrantes de los medios de comunicación y garantizar su labor periodística en todo momento”.
El gobierno del estado de Guerrero, a través de la Dirección de Comunicación Social, también emitió un pronunciamiento lamentando los hechos, rechazando cualquier agresión hacia periodistas y reconociendo la responsabilidad del gobierno federal al identificar al agresor.
El reportero Sergio Ocampo Arista relató que intentaba salir del “corral” de vallas metálicas junto con otros colegas, cuando se le impidió el paso. Al manifestar que la presidenta ya había salido, lo que usualmente permite movilidad, surgió el conflicto con el funcionario Aranda Hernández, que escaló hasta la agresión física.
Ocampo Arista señaló que, tras los golpes y el lanzamiento de la silla, sufrió una lesión en el pómulo derecho, aunque aclaró que “sin mayores consecuencias”.
El incidente fue capturado en video y difundido en redes sociales, lo que generó una reacción de medios locales, colectivos periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, quienes exigieron no sólo disculpas sino sanciones ejemplares y garantía de que no se repitan actos similares.
Ruslán Aranda Hernández, quien trabaja como parte del equipo de Comunicación Social de Presidencia, específicamente en logística y coordinación de medios, fue identificado plenamente por periodistas presentes, quienes confirmaron que él fue quien cometió la agresión contra su colega.
Hasta el momento, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República solo ha informado que la suspensión de Aranda Hernández aplicará “en tanto se completen las investigaciones de lo ocurrido”, así como que se “tomarán las medidas necesarias en consecuencia”, sin especificar cuáles.
Sergio Ocampo, con más de 40 años de trayectoria, fue respaldado públicamente por colegas periodistas con décadas de experiencia en Guerrero, así como por medios nacionales, quienes exigieron transparencia en la investigación.
Especialistas en periodismo señalan que la agresión también implica una violación al derecho de acceso a la información, pues al impedirse que un periodista salga del cerco para hacer preguntas, se afecta la cobertura libre y veraz de los eventos públicos.
Colectivos y medios locales han dicho que seguirán vigilantes del caso, solicitando que se hagan públicas las conclusiones de la investigación, que el periodista reciba protección en caso de ser necesario, y que se revise el protocolo de acreditación y ubicación de medios en actos presidenciales para evitar cercos militares, vallas o “corral” que limiten la labor periodística.
Este episodio se suma a una serie de denuncias recientes de hostigamiento y agresiones contra periodistas en Guerrero. ONGs exigen que no se minimice el abuso, pues, aunque la lesión parezca menor, lo sucedido envía señales graves sobre tolerancia institucional a la violencia contra la prensa.
