La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su primera sesión pública bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar; la jornada combinó símbolos de inclusión, anuncios de austeridad y la resolución de apenas 3 de 15 asuntos programados, lo que desató cuestionamientos sobre el cumplimiento del recién publicado reglamento de sesiones y el respeto a garantías procesales.
Redacción
En la sesión inaugural de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solo fueron discutidos y desahogados 3 de 15 asuntos programados.
La sesión fue encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, electo ministro presidente tras la reforma que introdujo la elección popular de los ministros.
Aguilar Ortiz abrió la sesión con un saludo en lengua originaria y vistió una toga con bordados regionales, gestos que los organizadores destacaron como parte de una Corte más cercana a pueblos y comunidades.
En la sesión del jueves, 11 de septiembre, la nueva Corte resolvió tres de los quince asuntos agendados para la sesión, lo que algunos medios calificaron como un arranque tímido para un tribunal cuya renovación fue presentada como “transformadora”.
Las decisiones adoptadas mostraron además posiciones divididas entre los ministros y la búsqueda del ministro presidente por ofrecer vías conciliadoras en algunos expedientes.
Apenas una semana antes, el 4 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial un nuevo Reglamento de Sesiones y de integración de listas de asuntos que aspira a agilizar la labor del Pleno mediante la priorización del fondo sobre lo procesal.
Ese cambio ha sido defendido por sus promotores como una forma de hacer más eficiente a la Corte, pero también ha despertado advertencias sobre riesgos a la transparencia y al debido proceso.
Críticos del nuevo reglamento —académicos y columnistas— han señalado que limitar el tratamiento de cuestiones procesales en las deliberaciones puede favorecer la discrecionalidad y dejar fuera mecanismos esenciales para garantizar la defensa de las partes.
En varios análisis se advirtió que sacrificar formalidades procesales en aras de la rapidez puede afectar derechos sustantivos y la percepción de imparcialidad.
Sin embargo, reportes periodísticos señalaron “tropiezos” en el manejo del orden del día, cuestionamientos sobre quórum y críticas por no seguir puntualmente los tiempos establecidos para debate entre ministros.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García incluso participó a distancia por motivos de salud, lo que añadió complejidad logística.
La sesión duró aproximadamente cuatro horas, tiempo en el que algunos ministros aprovecharon para dar discursos de “agradecimiento” que ocuparon parte de la sesión.
Algunos especialistas, como Miguel Carbonell, atribuyeron la falta de productividad del Pleno a la eliminación de las Salas, donde se resolvían la mayoría de los asuntos:
“De las peores decisiones de la reforma judicial fue eliminar a las Salas. Las Salas de la Corte, su especialización por materia y la forma en como se integraban, permitían un desarrollo mucho mayor de asuntos que ahora con el Pleno se les va a complicar”, dijo a través de sus redes sociales.
La agenda pendiente incluye asuntos de alto impacto constitucional que podrían redefinir políticas públicas. La manera en que el Pleno aborde esos casos —si prioriza rapidez o garantes procesales— determinará no solo decisiones puntuales, sino la dirección jurisprudencial de la Corte en los años por venir.
