Teresa E. Hernández-Bolaños
Finalmente, el outsourcing[1] en México se queda o se va. Después de varios meses de discusiones, negociaciones y acuerdo, se queda. ¿Pero en qué términos? A pesar de que el año pasado, a finales del año (noviembre), el presidente Andrés Manuel López Obrador presento una iniciativa de ley al Congreso, para la desaparición total del outsourcing o la subcontratación laboral en México. Ni el Congreso, ni la Iniciativa Privada (IP)aceptaron la propuesta del ejecutivo tal como se presentó, de ahí que una vez que se dieron varias reuniones entre la IP, los propios trabajadores (sindicatos) y el gobierno federal, las partes tuvieron que ceder, como lo señaló José medina Mora, actual presidente nacional de la COPARMEX, y el outsourcing no desaparece “totalmente” en México, pero tampoco permanece como operaba antes de la iniciativa del presidente.
Al parecer, la propuesta original se flexibilizó, recordemos que originalmente la iniciativa del presidente no sólo planteaba la prohibición de la subcontratación laboral en México, es decir, su eliminación (salvo la de los servicios especializados), sino que planteaba también sanciones severas, ya que, equiparaba la evasión fiscal mediante la subcontratación con la delincuencia organizada, sancionándola con pena de prisión preventiva de oficio. Luego de varias reuniones y negociaciones en las que participaron los sindicatos, la iniciativa privada (IP) y el gobierno durante varios meses se llegó a un acuerdo o convenio final. En las varias reuniones de diciembre del año pasado.
Mientras la iniciativa pasaba de la Cámara de senadores a la Cámara de Diputados se llevaron a cabo varias reuniones en las que estuvieron presentes los principales representantes y organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-Servytur), la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA), el Consejo Mexicanos de Negocios (CMN), entre otras; por parte del gobierno estuvieron algunos miembros del gabinete como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Unidad de Trabajo Digno. Producto de estas reuniones, las partes llegaron a un acuerdo y tanto el presidente de la República, como el presidente de COPARMEX anunciaron a inicios de esta semana (5 de abril) el acuerdo final.
Más que “ir terminando” con el outsourcing, el gobierno logro con las partes que las empresas comiencen a contratar a sus trabajadores directamente relacionados con la actividad central de la empresa, y permitir la subcontratación de aquellos trabajadores que no están directamente relacionados con la actividad central de la empresa. Desde la perspectiva empresarial esto permitirá que el país no pierda competitividad laboral. Se espera que la nueva ley de subcontratación entrará totalmente en vigor el primer día de septiembre de este año.
Mientras esperamos conocer el acuerdo final sobre la subcontratación, en su totalidad, las empresas ya tienen plazo para ir contratando a sus empleados, haciéndolos partícipes de las prestaciones legales y las utilidades. No debemos olvidar que esto es positivo para todas las partes, ya que, a partir de las adiciones a la Ley Federal del Trabajo de los artículos 15A hasta 15D, sobre subcontratación, proliferaron decenas de empresas no fiscalizadas que ofrecían servicios de outsourcing fraudulentos o que incumplían con los derechos básicos que marca la ley para los trabajadores contratados. Por su parte, las empresas contratantes se habían venido desvinculando de sus responsabilidades como patronos, de tal suerte que los trabajadores quedaron en total indefensión, ya que sus empresas pasaron gran parte de su personal (no eventual) al régimen de subcontratación.
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